La Necesidad de Educación Legal Bilingüe

S.I. Strong, Katia Fach Gómez y Laura Carballo Piñeiro abordan el tópico de la educación jurídica en múltiples idiomas en un mundo globalizado.

Durante siglos, la estrecha conexión entre el idioma y el estado ha promovido la presunción de que la educación jurídica ha de ofrecerse en un único idioma. Sin embargo, esta educación jurídica monolingüe puede estar en peligro si se ofrece credibilidad a los comentarios de organizaciones internacionales como el Centro Europeo para la Educación Superior (UNESCO-CEPES), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), que han apuntado la necesidad de incrementar el número de abogados bilingües en el mundo.

Diversos países han comenzando a adoptar una educación jurídica bilingüe o incluso multilingüe, siendo muy variadas las razones que han impulsado a cada estado a implementar dicha iniciativa. Por ejemplo, algunas jurisdicciones han acudido a la educación bilingüe para conseguir que sus universidades y/o sus graduados sean más competitivos en el mercado global. Otros países ofrecen cursos en una pluralidad de idiomas para ser más receptivos a las demandas de su ciudadanía e incrementar el acceso a la justicia.

Desgraciadamente, este movimiento pro educación jurídica bilingüe se ha visto frustrado por la falta de debate – y más aún, de consenso- sobre cuáles son las best practices en materia de educación bilingüe. En cierta medida, las técnicas pueden diferir dependiendo de los objetivos finales. Por ejemplo, algunas jurisdicciones desean incrementar la educación legal bilingüe para así abordar la cuestión del relevante y creciente número de ciudadanos, residentes y visitantes que tienen un dominio limitado del idioma en que se enseña en las facultades de derecho nacionales. Si un número reseñable de abogados no es capaz de conversar en esos otros idiomas foráneos, habrá segmentos de la sociedad que no van a poder recibir útiles consejos jurídicos y asistencia.

Los estudiantes de derecho también tienen que aprender cómo manejarse en un mundo globalizado. Tradicionalmente el enfasis se puso en preparar para la carrera diplomática a los abogados interesados en cuestiones internacionales, pero actualmente el mundo del comercio internacional también necesita abogados con capacidades idiomáticas extranjeras.

Muchos curricula académicos denominados “internacionales” no son adecuados para sus estudiantes, ya que se centran fundamentalmente – si no por completo-, en cuestiones de derecho sustantivo. Además, tradicionalmente se ha hecho mucho hincapié en cursos de derecho internacional público, que abordan cuestiones interestatales, a pesar de que las oportunidades profesionales en el contexto del derecho internacional público son altamente competitivas y no han aumentado cuantitativamente de una forma destacada. Por el contrario, el área que ha experimentado el mayor crecimiento a consecuencia de la globalización es la del derecho internacional privado, centrado en relaciones en las que participan individuos y empresas.

El derecho sustantivo, por supuesto, es un componente esencial de la educación jurídica de los estudiantes. No obstante, la única forma de preparar a abogados jóvenes para que trabajen en un segundo idioma con clientes, colegas y abogados de la contraparte es enseñarles a leer, analizar y debatir conceptos jurídicos en un segundo idioma.

Algunos creen que poder comunicarse oralmente en un idioma extrajero, complementado con un buen diccionario jurídico bilingüe, es todo lo que necesitan para ofrecer servicios jurídicos que sobrepasen las barreras lingüísticas. Este planteamiento, sin embargo, es muy peligroso. El derecho está intimamente vinculado a un específico contexto cultural y legal y los abogados bilingües tienen que hacer mucho más que meramente aprender un vocabulario especializado. Un abogado que trabaje adecuadamente en un idioma extranjero tiene que ser capaz de comprender cómo determinados conceptos se interpretan y aplican en un sistema jurídico extranjero o por parte de un cliente que solo posee un dominio limitado del idioma mayoritario. Es por ello que se necesitan cursos especializados sobre el ejercicio de la práctica profesional bilingüe si se quiere que los estudiantes de derecho aprendan cómo han de ejercer su futura profesión en varios idiomas.

Es asimismo esencial que los estudiantes comprendan el contexto cultural y legal en el que van a trabajar. Lo que se considera una práctica adecuada en un país puede ser un enorme faux pas en otro. Los abogados que hacen oídos sordos a estas cuestiones en sus comunicaciones escritas u orales pueden perjudicarse a sí mismos y a sus clientes. En el futuro, es posible que la Academia Internacional de Derecho Comparado ofrecer ayuda en esta materia, ya que esta organización prevé abordar el tema de la educación bilingüe en su congreso mundial de Japón del año 2018. Los comparativistas ya habían considerado en el pasado la cuestión de la educación legal bilingüe, pero se espera que el congreso del año próximo ofrezca directrices claras sobre cómo han de actuar los estudiantes y sus docentes.

S.I. Strong es Profesora de Derecho Manley O. Hudson de la Universidad de Missouri, Estados Unidos, Katia Fach Gómez es Profesora de Derecho de la Universidad de Zaragoza, España y Laura Carballo Piñeiro es Profesora de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, España.

Acaba de publicarse su libro Derecho comparado para abogados anglo- e hispanoparlantes: Culturas jurídicas, términos jurídicos y prácticas jurídicas.

El capítulo introductorio está a su disposición de forma gratuita en Elgaronline.

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